En Estados Unidos se acaban de anunciar importantes bajas de precio para el acceso a internet de banda ancha, llegando hasta los US$ 15 mensuales, es decir, 9.000 pesos chilenos. Por otra parte, un conocido fabricante de PC rebajó un modelo que incluye Windows, un monitor de 17 pulgadas, un procesador de 2,4 GHz, 256 MB de RAM y un disco duro de 40 GB, a US$ 299. Hoy, más que nunca, las barreras económicas de la llamada brecha digital están desapareciendo gracias a la competencia. Ahora un PC es tan barato como un televisor y la cuenta mensual de banda ancha es menor que la del teléfono en los países desarrollados.

En Chile, el mercado de los PC es abierto y competitivo, por lo tanto debemos esperar ofertas similares a la anterior en los próximos meses. Sin embargo, el de la banda ancha es otra cosa. ¿Por qué en nuestro país cuesta tres veces más que en Estados Unidos, es de menor calidad y, para la mayoría, no existen proveedores alternativos, o "factibilidad técnica" donde viven?

La compañía telefónica dominante, CTC, instala banda ancha invirtiendo aproximadamente escasos US$ 100 por enlace. Así, ni siquiera cubre el 10% de sus líneas. Por US$ 43 mensuales entrega una velocidad equivalente a la décimo sexta parte de la capacidad máxima de la conexión. A pesar de este abultado precio, restringe puertos, aplicaciones, número de usuarios y equipos, entre otras prácticas anticompetitivas.

Nos quejamos de la brecha digital porque inhibe a la clase media y baja el acceso a internet, pero ¿dónde quedó enredado el reglamento de desagregación de redes? ¿Cuándo habrá competencia de verdad en banda ancha para que todos los chilenos accedan a la Sociedad de la Información desde sus casas?

La desagregación de redes vigente en casi todos los países desarrollados consiste en el arriendo de los pares de cobre por terceras empresas que se instalan en las centrales telefónicas para ofrecer servicios competitivos a los de la empresa monopólica. Esta regulación se justifica ética y económicamente porque hemos visto que los pares de cobre instalados en nuestras ciudades están siendo mal o subutilizados por la empresa dominante, con un grave perjuicio social. Es cierto que ella es la dueña de estos cables y que debe recibir una renta justa por su uso, pero ¿quién es el dueño del lugar donde están? ¿Quién le otorgó el primer permiso exclusivo para ponerlos ahí? ¿Quién ha soportado el costo social de su instalación y mantención? Y, peor aún, ¿quién paga el costo de oportunidad de sus omisiones? Esta red no es ni ha sido gratis para el chileno común, quien posee derechos sobre la vía pública donde yacen estos cables y también tiene derechos de acceso y uso a la vía pública digital, es decir, a internet, pagando una tarifa justa por ello.

Si CTC se niega a invertir en banda ancha y a cobrar un precio razonable por ella, ¿deberemos quedarnos pasivamente fuera de la modernidad? Hoy no podemos integrarnos a la red que necesitan nuestros alumnos, profesores, profesionales, empresas, instituciones y hogares porque los cables de cobre instalados en nuestras calles y avenidas son de su propiedad. Es hora de entender este debate y escuchar posiciones de comandos y candidatos.

Chile se atrasa absurdamente respecto de su real potencial, tomando en cuenta que la tecnología está disponible para todos los países por igual. Sólo quienes la aprovechen mejor marcarán las diferencias futuras en crecimiento y desarrollo.

Internet es una gran niveladora de oportunidades para las naciones menos desarrolladas y para los más pobres. A pesar de ello, no vemos en nuestras autoridades presentes o futuras la urgencia de contar con una infraestructura de internet de primer mundo. Resulta frustrante constatar su apatía e indolencia por resolver detalles obvios y caer, una y otra vez, de rodillas frente al lobby.

El PC de 300 dólares ya está aquí y la banda ancha a menos de nueve mil pesos mensuales estaría al alcance de muchos. Sólo falta que la autoridad rompa el mito de la brecha digital. Está en sus manos.